Revisado el 17 de octubre de 2022.
El principio de confianza legítima se traduce en la obligación de conducta de los poderes públicos por la que sus actos deben ser regulares, uniformes y sus contenidos no deben defraudar la confianza de los ciudadanos. Esta confianza se entiende legítima cuando se funda en las expectativas de lo que la ley dicta como el comportamiento de la Administración pública y por lo tanto es exigible y objetiva. Ver: actos propios y principio de buena fe.
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Recomendamos la lectura de esta tesis doctoral en derecho, La función de la ley en la interpretación constitucional operativa según fallos de la corte constitucional ecuatoriana entre los años 2010 y 2015. Acceso gratuito.
